El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que la disputa por la recuperación de aproximadamente 61.000 bitcoins (BTC) vinculados al caso de Qian Zhimin, relacionado con el blanqueo de grandes sumas de dinero entre China y el Reino Unido, se regirá por la ley china y no por la inglesa. El tribunal consideró que las actividades de inversión de las víctimas y la conversión de fondos en bitcoin tuvieron lugar principalmente en China, por lo que la base jurídica de las reclamaciones de propiedad también corresponde a la jurisdicción china.
Como consecuencia, se prevé que más de 16.000 víctimas chinas de fraude que participaron en los procedimientos de confiscación y recuperación judicial en el Reino Unido tengan dificultades para recibir, conforme al sistema jurídico británico, las importantes ganancias derivadas de la subida del precio del bitcoin. Aunque los procedimientos civiles británicos de recuperación podrían haber permitido disputar la propiedad tomando como referencia el valor de mercado actual de los activos, la determinación de que la ley china es la aplicable limita fundamentalmente la naturaleza y el alcance de las reclamaciones de compensación.
Expertos jurídicos analizan que, bajo el sistema judicial chino, la propiedad directa de los activos virtuales o los beneficios derivados de su apreciación podrían no ser reconocidos, y que la compensación probablemente se limitaría al capital original y a los intereses legales, considerados como pérdidas reales. En consecuencia, se prevé que las negociaciones entre los gobiernos británico y chino sobre quién confiscará las enormes ganancias restantes tras devolver el capital original procedente del delito, así como sobre el porcentaje que corresponderá a los tesoros públicos de ambos países, se conviertan en una nueva cuestión central de las conversaciones diplomáticas sobre la restitución de activos.
Qian Zhimin fue condenado anteriormente a 11 años y 8 meses de prisión por presuntamente operar una organización de fraude de captación ilegal de fondos a gran escala que dejó aproximadamente 130.000 víctimas, convertir los fondos delictivos en bitcoin y introducirlos de contrabando y blanquearlos en el Reino Unido. En ese momento, la policía británica incautó y mantuvo bajo custodia más de 61.000 bitcoins, la mayor cantidad incautada en la historia judicial en un solo caso. Tras esta sentencia, se prevé que nuevos procedimientos aborden la acreditación de las reclamaciones concretas de las víctimas y el cálculo de las indemnizaciones.